El sueño de la razón produce monstruos. La LCSP dolores de cabeza.

Me gustaría hacer una crítica constructiva sobre los planteamientos de la contratación pública. Sobre todo desde el punto de vista de las empresas y, en concreto, de contrataciones de servicios del sector de las TIC. Esto último es importante, porque desconozco hasta qué punto, lo que comento en esta reflexión, es extrapolable al resto de sectores.

Contexto

La ley 9/2017 (LCSP) entró en vigor el 9 de marzo de 2018 definitivamente. Cualquier licitación pública que se iniciara después de esa fecha, debía hacerse conforme a esta nueva ley. Con ella se buscan criterios de transparencia y sobre todo evitar las corruptelas y maquinaciones que se colaban con la anterior legislación.

Sobre esta ley se han escrito ríos de tinta. Yo mismo escribí antes de su aprobación un pequeño punto de vista de lo que por entonces era un proyecto de ley (puedes verlo aquí). Casi toda la literatura se centra en los aspectos legales, en las bondades o críticas del nuevo texto o las interpretaciones de la Ley. Casi siempre desde el punto de vista de la administración. Pocas veces he visto que se hable desde el punto de vista de la empresa que licita o que quiere acceder a trabajar (y cobrar por ello) con una administración pública.

Hace un par de meses asistí a un evento que organizo TechData, enfocado principalmente a las empresas privadas y en qué nos afecta. Es interesante ver la nueva ley desde el punto de vista de los que nos enfrenamos día tras día en el cuadrilátero de la contratación. Una competencia buena para la administración, que gana en diversidad, y para las empresas, que nos hacen ir mejorando día a día. El inconveniente es que, a su vez, sufrimos unos costes y dificultades que la Administración, parece no darse cuenta.

Partimos de la base de que para las empresas privadas, licitar en los concursos públicos requiere un esfuerzo económico. Un coste en la elaboración de la oferta, en el estudio de los pliegos, en la recopilación de la documentación administrativa, de la solvencia, de las currículas de los que ejecutarán el proyecto o de las visitas y preventas que se suelen hacer antes de la publicación de los pliegos. Es una inversión con la que contamos en nuestros presupuestos y hacemos lo mejor posible con la esperanza de que den frutos. Esto es un hecho y no me voy a quejar por ello.

Todo esto no quita que existan otros elementos en la contratación pública, y en el proceder de las Administraciones, que hacen que las empresas sangremos poco a poco, que tengamos sobre costes innecesarios y que nos podamos incluso sentir desprotegidos en determinadas ocasiones. Voy a intentar exponer mi punto de vista sobre esto partiendo de lo que he recopilado en mi experiencia profesional.

Plazos

Se me ocurrió buscar en el texto de la LCSP la palabra “plazo”. Aparece 435 veces, ya sea en singular o en plural. en un rápido  vistazo se observan plazos para presentar ofertas, justificar documentación, interponer recursos, presentar alegaciones, formalizar garantías definitivas, formalizar contratos, diez días hábiles, tres días hábiles, quince, etc.

No he hecho un estudio exhaustivo, pero la gran mayoría de esos plazos son de la administración hacia los interesados  o de la administración hacia otra administración. No he encontrado ningún caso en el que el plazo se lo autoimponga la administración para con los interesados. Me explico con varios ejemplos.

¿Existe en la LCSP un plazo máximo estipulado desde que se adjudica provisionalmente hasta que se firma el contrato? Va a ser que no. Una vez que te llega el subidón de verte ganador tras el acto público de apertura del sobre económico, empieza un periplo de trámites, de requerimientos y de papeleos, que se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo acaban.  Te pones las pilas y planificas la dedicación de las personas que van a ejecutar el proyecto. Ya se ha pasado el mundial de fútbol, pero la metáfora sigue sirviendo. Tienes a un montón de buenos jugadores calentando la banda. Esperando el inicio del partido. Llevan ya un buen rato, pero el árbitro no llega. No llega y, aunque se ha pasado la hora, sigue sin llegar. Aquí es cuando empieza a surgir la desesperación.

Tienes diez días para presentar la currícula del equipo, justificar garantías definitivas, presentar las cuentas y todo lo que has dado como válido en el DEUC. Hito conseguido, luego tienes que esperar la adjudicación definitiva, puede que llegue rápido, es lo habitual, tampoco me voy a poner muy negativo en esto, pero hay veces que pasan los meses y meses y meses y no llega nada. Llamas a compras y al responsable del pliego y nadie te da ningún tipo de información más allá de “Estamos en ello”, “Está pendiente de tal firma o de cualquier otro trámite interno” o un “Yo ya he hecho mi parte”. Nadie se moja en darte una fecha.

Pasan tres, cuatro o cinco meses y finalmente llega el ansiado inicio del proyecto. Entonces te sacan el pliego y dicen que tienes que justificar el cambio del equipo, porque los que van a ejecutar el proyecto, comprenderás que no son los que pusiste en la adscripción de medios que presentaste en su día.

– ¡Han pasado 5 meses! – digo – no puedo tenerlos esperando de brazos cruzados, pagándoles una nómina mes a mes y sin facturar nada.
– Lo entiendo, pero el pliego dice que si cambias el equipo presentado antes del inicio del contrato, tienes que presentar tres candidatos equivalentes por cada perfil presentado, para que elijamos el más idóneo. En el expediente tiene que quedar bien reflejado el cambio.
– Bien. ¿Lo justifico diciendo que la Administración ha tardado mucho y que la mitad están ocupados en otra administración que hizo bien su trabajo y resolvió rápido?
– ¡Hombre! pon que están en otros proyectos, pero tampoco digas que ha sido culpa nuestra, que eso queda en el expediente… por cierto. Otra cosa. Desde la firma del contrato tienes 10 días para iniciar el proyecto, si no, podríamos penalizar e incluso, rescindirtelo. Yo que tú me daría prisa…

¡Vale! ¡He exagerado! Es una recreación con cierta sorna, pero la verdad es que situaciones como ésta te hacen retener a gente muy válida un tiempo extra, hasta que ya no puedes más y los tienes que reubicar. Evidentemente no esperamos 5 meses, pero sí un tiempo valioso, de profesionales muy buenos, que nos repercuten en la línea de flotación de los márgenes de las empresas.

Cancelaciones y desistimientos

¿Cuantas veces estás poniendo todo tu empeño y conocimiento en responder a un pliego y de pronto llega una notificación diciendo que se ha cancelado el expediente? A veces, pasa en el fase de redacción de ofertas. A veces, lo ves venir cuando todos los proveedores preguntamos y repreguntamos sobre una misma clausula. Algo que no encaja y que al final, hacen saltar las alarmas en  jurídico y prefieren poner el freno antes de que haya un posible recurso.

Esto genera que la dedicación de tu equipo de trabajo, se diluye entre las rendijas de los costes salariales sin ningún tipo de productividad que los compense. En el sector de las consultoras TIC, normalmente las personas que ejecutan los proyectos, los perfiles más altos, son los que se dedican a dar respuesta a los pliegos, a plasmar las propuestas y soluciones técnicas. Tiempo valioso y “costoso”.

Si la cancelación es antes de la presentación de las ofertas, se quedaría en un mero esfuerzo, que en teoría no caería en saco roto. Con el tiempo se subsanarán los motivos que llevaron a su cancelación y, tarde o temprano, volverá a salir publicado nuevamente. Ya veremos cuan aprovechable es lo que se hizo. A veces el pliego cambia tanto que hay que rehacer de nuevo la oferta.

Lo realmente grave, es cuando se cancelan una vez abiertos los sobres económicos. Cuando todo el mundo es consciente de la valoración técnica de las ofertas presentadas y de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Cuando se vuelva a licitar, esa información es muy valiosa para la competencia y puede que empresas que ni siquiera estuvieran en la primera licitación, ahora decidan presentarse, jugando con ventaja sobre los que ya se presentaron.

Convenios

Una de las principales novedades en la contratación pública es que, de cara a preparar la memoria justificativa de los expedientes, se deben tener en cuenta,  los costes laborales de los perfiles y recursos que se dedicarían al proyecto. Esto está muy bien y creo que es un acierto. Todos sabemos que hay “suicidas” que hacen bajadas temerarias, que luego justifican de una u otra forma, consiguiendo llevarse un contrato. Ya escribí sobre ello hace unos meses aquí.

Como decía, está muy bien, aunque yo le veo dos dificultades principales:

• La Administración tiene que tener la capacidad de conocer todos los convenios laborales, qué perfiles son los que se necesitan para abordar su proyecto y sus costes laborales asociados.
• También hay que conocer los sueldos del mercado laboral, que no tienen por qué ser los del convenio. Es más, suelen ser casi siempre superiores.

Centrándome en las consultoras TIC, no todas tienen el mismo convenio. Podemos estar en el “Convenio de empresas de
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública” o en el de “Oficinas y despachos”. ¿Cuál tendrá en cuenta la Adminsitración Pública?. El sueldo máximo que hay en las tablas salariales del primero, supera muy poco los 25.000 Euros anuales, mientras que el segundo supera por unos euros los 16.500 Euros. En cualquier caso, elijan el que elijan, si se basan en esos sueldos, no se extrañen que el proyecto lo ejecuten becarios o gente muy junior. La realidad del mercado laboral es otra.

Contrataciones laborales

Lo que voy a exponer a continuación, tal vez me pueda generar problemas en el futuro, pero voy a dar una primicia. Las empresas, a veces, nos presentamos a concursos públicos sin tener contratadas a las personas que ejecutarían el proyecto. ¿Sorprendidos? Bueno, es razonable. Hilando con lo que decía más arriba, tenemos grandes profesionales contratados, pero hay un pequeño inconveniente. Normalmente están trabajando en otros proyectos.

Por otro lado, las empresas tenemos la manía de querer progresar y crecer. Por eso queremos ampliar proyectos y ganar más contratos. Si los ganamos podemos contratar a más personas y redundar, no solo en la mejora de nuestras cuentas, si no también ayudar a la economía española y a las arcas de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Dicho esto, se me plantea la siguiente pregunta ¿Por qué la Administración Pública se empeña en pedirnos que demostremos que los profesionales que van a ejecutar el proyecto están actualmente en nómina de la empresa? TC2, vidas laborales, certificados de Recursos Humanos, etc. Hay un mundo de profesionales en paro o que no lo están, pero quieren mejorar y crecer profesionalmente. ¿No podemos buscar fuera? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos los mejores perfiles a los de la Administración Pública de al lado para cambiarles a este nuevo proyecto?

No sé si he logrado convencer a alguno que esté en el departamento de compras y que pueda influir en esto en el futuro. Si lo he conseguido y abusando de la confianza generada…. Si realmente somos conscientes de que esto puede pasar ¿Se podría ampliar el plazo de puesta en marcha de los proyectos?

Normalmente se dan diez días para iniciar el proyecto, tras la firma del contrato. Ya lo hemos comentado. No sabemos cuando va a ser la firma del contrato. No hay plazos para eso, pero cuando llega la notificación, hay que ir a firmar enseguida (a veces con prisas) y, una vez firmado, más prisas para empezar. ¿Y si tengo que contratar a una o varias personas? Todos sabemos que hay que dar un preaviso cuando presentas una baja voluntaria en tu empresa. Normalmente quince días laborables.  ¿por qué hay que arrancar en diez días siempre?

El mercado laboral de las TIC últimamente está muy complicado. Yo diría que estamos en pleno empleo. Es más, hay carencia de profesionales. Las entrevistas de trabajo se han vuelto muy exigentes. No para los candidatos, sino para las empresas. Hay que contarles muchos detalles del proyecto al que va, no vale cualquier cosa. Hay que hacerles atractivos el puesto de trabajo en el que van a trabajar. Los profesionales ya no se cambian porque sí. Hay tanta oferta que eligen ellos, no las empresas. Entre otras cosas, no puedo decirle que presente su carta de baja si no hay una fecha clara de inicio. Por otro lado, si espero hasta el día de la firma del contrato, ya llego tarde.

Conclusión

Hay muchos aspectos de la LCSP que nos pueden afectar a las empresas privadas y probablemente haya muchas formas de mitigarlas. Si tengo que quedarme con la que más nos afecta y la que podría darse una solución más o menos rápida, me quedaría con los plazos.

Si hubiera un plazo claro y cumplido por TODAS las administraciones. Si se conociera el plazo que va  transcurrir desde que se adjudica provisionalmente, hasta el momento de la firma el contrato, muchas incertidumbres finalizarían y sería bueno, tanto para la Administración, como para las empresas privadas.